El Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional y a su vez, órgano colegiado y autónomo que viene desde su creación ejerciendo funciones de gobierno del Poder Judicial y cuyo fin es garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos hace aguas. Es decir, lo que la Constitución ha creado para ser independiente y con fecha de caducidad cada 5 años, se ha convertido en una “moneda de cambio” política al antojo del Poder Ejecutivo. De hecho, el primer Consejo del Poder Judicial fue elegido por los propios jueces y no como ahora, pero se demostró que fue un órgano corporativista y que su finalidad quedaba supeditada a las distintas asociaciones donde los representantes del Consejo eran miembros de éstas o procedían de ellas con determinada cualificación.
La formación de este órgano la componen 20 vocales elegidos por el Congreso y el Senado, 12 de ellos entre jueces y magistrados y 8 entre juristas de reconocido prestigio. Por eso, a partir del segundo Consejo y estando gobernando el Partido Socialista, el sistema de elección es el que se acaba de exponer y así continua, pero entiendo que cuando los constituyentes crearon la Constitución y establecieron 5 años de mandato, nunca llegaron a pensar que durante estos 40 años se sobrepasaran con creces cada mandato en el tiempo y, lógicamente sirvan como moneda para que las mayorías parlamentarias se repartan cada una su participación en el mismo. De hecho, en estos momentos asistimos a un mandato de más de 7 años, cuando son 5 lo establecido como así lo determina la Constitución, pero sin embargo estamos asistiendo a un espectáculo permanente de largos periodos y con vocales en funciones siempre a la expectativa de esperar que un día los cesen.
Creo que aun cuando el Consejo tenga la función de administrar ciertos cargos de los Altos Tribunales y llevar a cabo el régimen disciplinario, así como elegir a miembros cualificados del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia, afortunadamente no determina ni pueden influir en la independencia de los Jueces. Es decir, que de no existir no pasaría absolutamente nada, pues la independencia judicial está establecida y garantizada a priori y, por supuesto, no dirige a los mismos.
Lo que viene ocurriendo en estos momentos, donde ante la opinión pública se da una imagen de que por un lado gobiernan los progresistas pero en el CGPJ lo hacen los conservadores no se comparte, pues una cosa es legislar y otra cosa es mantener un órgano con las limitaciones que posee el Consejo General del Poder Judicial, pero sin embargo, entiendo que los jueces deberían elegir los vocales de ese Consejo y sin que el poder político influya para nada y, por supuesto, también debería estar prohibido las “puertas rotatorias” para que los miembros de la judicatura pasaran, como hoy pasan, del CGPJ o Tribuales a ocupar puestos políticos y cuando acaban su mandato vuelven al que tenía, Algo incomprensible y que podemos comprobarlo con muchísimos cargos de los que hoy están o bien gobernando, legislando o en puestos de gobierno con decisiones importantes. No es de recibo tener adversarios políticos y subordinados en la vida pública y una vez que acabe esa misión, tener que juzgarlos y condenarlos si llega el momento. Es decir, la excedencia en la judicatura sólo se debería utilizar para fines muy concretos.
Dicho esto y encontrándonos ante un mar revuelto, aprovecho para recordar que la figura del Graduado Social no está dentro de ese Consejo General del Poder Judicial. Curiosamente, entre los vocales de reconocido prestigio han existido y existen abogados y procuradores, pero nunca Graduados Sociales, cuando su figura procesal está reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial al igual que los anteriores, por lo que esa discriminación no puede admitirse por más tiempo, porque con su presencia estarían representando a un gran colectivo conocedor de la Jurisdicción del Orden Social, independientemente de sus conocimientos profesionales y donde todos los textos procesales, en su cualidad, los reconocen como operadores jurídicos. Por lo tanto, en estos momentos, donde no se llega a un acuerdo para renovar este órgano constitucional y que por razones puramente políticas y de conveniencia no se renueva creo que todos los partidos deberían llevar a cabo una reforma equitativa y seria para que la elección de estos vocales se haga de forma justa y coherente, pues lo que hasta ahora vienen ocurriendo con tantísimos fracasos necesita una reforma basada, por supuesto, en la Constitución.
Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales.
Lleva Ud mucha razón, losGraduados Sociales deben estar representados en el GGPJ, por derecho y se deben elegir a los vocales entre los miembros de la judicatura, no por los políticos.