El Gobierno, a través de su Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de Diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, ha publicado en el Título III del mismo un apartado que se titula “Evaluación del desempeño y carrera profesional”, donde impone que los funcionarios desde ya pueden ser degradados y perder hasta su puesto de trabajo. Esta medida tiene un procedimiento mediante el cual se valora la conducta profesional y mide el rendimiento o el logro de resultado de todos los empleados públicos, con el fin de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos. Es decir, una Inspección Técnica Profesional, como la de los vehículos.
Es cierto que muchos ciudadanos tienen un gran concepto peyorativo de la función pública y de los funcionarios, porque muchos los califican de gente que una vez obtenido el puesto de trabajo en la administración vegetan y su única misión es cobrar a final de cada mes, pero el rendimiento, por el mal ejemplo de algunos, se ha hecho extensivo para todo aquél que es un servidor público, algo injusto que debe ser desterrado.
Para esto y queriendo parecer que la función pública está controlada, ha marcado este Real Decreto-ley que para mí, pese a las muchas comisiones que cree para la evaluación, es papel mojado. Estoy conforme que han existido muchos empleados públicos, ya sean personal laboral o funcionario, que en su vida “no han hecho ni el huevo”, pero es injusto que se venda esta norma como algo que va a afectar en definitiva a muy pocos, olvidando a los magníficos profesionales que tienen las administraciones. Es más, no se saben los objetivos que van a seguirse para estas evaluaciones, porque puede darse el caso de que se cometan muchas arbitrariedades y en vez de favorecer la carrera profesional y premiar el trabajo bien hecho, pase como cuando existían aquellos “tribunales de honor” que fueron extinguidos tras la dictadura, porque en las administraciones donde los políticos de forma tendenciosa meten la nariz, nos podemos encontrar que muchos serán degradados y otros subirán a la cúspide por la amistad o el color político de quien gobierna. Veo bien esta medida que sin saber cuándo se pondrá en marcha, debe ser muy pensada y razonada y comparto que las administraciones deben tener el mismo hilo conductor que las empresas privadas, en especial, en esta materia.
No entiendo cómo los sindicatos no han puesto el grito en el cielo, porque si ésto lo hubiese hecho otro gobierno seguro que estaría en estos momentos produciéndose huelgas en las administraciones, pero esta reforma que hacen de la Ley Reguladora del Régimen Local se va a prestar a que muchos cobros de pluses y de puestos de trabajo se hagan a ojo de buen cubero y sin contar con los verdaderos funcionarios que dan la cara todos los días, incluidos muchos sindicalistas.
Quien escribe esta tribuna ha trabajado codo con codo con cientos de funcionarios en varias administraciones y empresas públicas y, por supuesto, he conocido a muchos que han dado ejemplo de lealtad, trabajo, compañerismo y profesionalidad, si bien algunos que son los menos, han sabido escurrir el bulto y buscar fórmulas para no pegar un palo al agua, pero entiendo que ya existen normas deontológicas dentro de las administraciones para no llegar a esta reforma tan inconcreta y tan rápida, es decir, desde el 21 de Diciembre, donde estos cambios son de obligado cumplimiento para todo el personal, lo que en esta evaluación que se quiere hacer y que no se conoce el formulario pueden pagar justos por pecadores y tendremos como en la República o dictaduras, funcionarios que estén en la cúspide por su apego a quienes gobiernan y otros caigan en el ostracismo y al final las medallas y el reparto de pluses se los lleven los amigos de quien mueve el cotarro. Entiendo que antes de haber sacado este Real Decreto-ley deberían haber tenido en cuenta también con los funcionarios, una regulación de las “puertas giratorias”, de las incompatibilidades, de la residencia de éstos en base a la Ley de la Función Pública, de los traslados de puestos de trabajo, jornadas, ascensos, así como potenciar a los cuerpos nacionales (cosa que hoy no hacen) y no metiendo amigos sin ningún tipo de méritos y lo que es peor, no se ha regulado ni se regulará la figura del “asesor” y puestos de confianza que ahí sí deberían entrar y corregir tantos abusos como regalos de puestos de trabajo en los que muchos ni aparecen y están quitando empleo a muchos trabajadores que se encuentran en las colas del paro. Por lo visto, esto no interesa y es la fórmula abierta para darles a todos los “estómagos agradecidos” las mejores prebendas.
Termino animando a los profesionales y gente trabajadora que tienen las administraciones, porque gracias a ellos este país funciona y no debemos permitir que, por cuatro vagos, la función pública no esté considerada y ahora con un golpe de efecto del BOE quieren aparentar que son ecuánimes y justos, cuando ello es mentira, porque muchos de los que gobiernan proceden de esa trama de funcionarios frustrados y vividores.
En definitiva, la función pública y el absentismo siguen siendo dos asignaturas pendientes para actualizarlas con sentido común y no con demagogia. “Pobre de algunos funcionarios, la que les espera”.
Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.
Magnífico artículo y con conocimiento de causa.
El estigma que los funcionarios llevamos injustamente desde siempre se debe simple y llanamente por la incompetencia y falta de honradez de unos pocos y lo digo también con conocimiento de causa pues he Sido funcionario .
Es triste pero verdad que unos pocos consiguen manchar a una mayoría de buenos profesionales y honestos y trabajadores y sin embargo estos pocos consiguen puestos de relevancia gracias a su falta de dignidad y por ser unos lameculos.
Estupendo artículo que hace una valoración del trabajo de los funcionarios, pero también es verdad que los que trabajan no hacen nada por impedir que los funcionarios vagos se eliminen y salgan a la luz. Los funcionarios si quisieran tienen más poder de lo que creen pero es fácil mirar para otro lado y eso sí, desterrar a los ciudadanos de las administraciones resguardándose tras la cita previa y no atienden a nadie rápido y veloz y eso lo hacen los que trabajan y los que no. Es una vergüenza como está la administración que se olvidan que son servidores públicos.