Autor: Jose Blas Fernández

Siempre he tenido la creencia  de que para ejercer una profesión o estar convencido de que un determinado  proyecto de vida podía llevarlo a cabo, era indispensable,  independientemente de los conocimientos en la materia, tener una vocación de todo aquello en lo que uno se involucra, pues sin vocación difícilmente las cosas salen  bien y lógicamente el fracaso puede ser morrocotudo y más aún si ese proyecto de vida conlleva  que por tus manos y tus decisiones tengan que pasar situaciones controvertidas y difíciles de resolver.

Cuando existía la Ley de Acompañamiento, la cual era un cajón de sastre para corregir todo aquello que en los Presupuestos Generales del Estado no se había contemplado, entre otras cuestiones y precisamente, en la última ley mencionada, se contemplaba que el Gobierno, en el plazo de un año,  traspasaría las materia de Seguridad Social, infracciones, reclamaciones de cuotas, etc., a la jurisdicción del orden social, ya que se veía claramente que la distribución de competencias entre los dos órdenes jurisdiccionales (social y contencioso-administrativo) no era ni es una cuestión clara o pacifica para determinar situaciones controvertidas en la distribución de las competencias.

Hemos tenido confinamiento de todo tipo y colores, pues aquellos tres meses del pasado año 2020, desde el 15-03-2020 hasta el 21-06-2020, nos supuso un antes y un después en nuestro quehacer diario y nos convertimos en unos modelos de la sociedad en los que estaban los esenciales y no esenciales, lo que luego nos ha hecho tener unas consecuencias que aún la estamos padeciendo y sin saber lo que nos queda.

La sociedad civil española está transcurriendo en estos momentos en unos parámetros económicos y sociales que eran de esperar.

A principios del siglo XX se estableció que la edad para jubilarse y así marcar unos parámetros de jubilación fuesen a los 65 años, es decir, llegar a esa edad suponía no solamente el haber acabado una vida laboral, sino que tras la misma la esperanza de vida era tan corta que el sistema de pensiones era duradero en su pago con un máximo de aproximadamente 4 ó 5 años.

Cuando en marzo del pasado año 2020, el Gobierno creó el estado de alarma y no el de excepción, los españoles, en esa vertiginosa caída de muertos diarios, casi no nos dábamos cuenta o nos daba igual el estado del país. El único estado que nos preocupaba era el de los masivos contagios del covid-19 y cómo día a día se disparaban las intervenciones de las Comunidades para poder abortar tantísimos enfermos que ni los propios hospitales de uso diario podía atender, así como las UCI, ni los fallecimientos que a diario se producían. En aquellos meses el miedo y el pánico aterrizó de manera fulminante en las residencias de mayores y en especial atacó duramente a octogenarios y similares que no supo respetar ni fronteras, ni ciudades, ni lugares de trabajo.

En este país, cada día nos presentan un culebrón para poder distraernos la mente y así no acordarnos de lo que ocurrió ayer.

A nadie se le escapa que acudir hoy a cualquiera de las administraciones públicas es un auténtico calvario, pues entre teléfonos y correos electrónicos que no contestan y funcionarios en teletrabajo, las administraciones públicas son auténticas islas huecas, donde quienes tienen el cometido de atenderlas están en un auténtico anonimato.

El Cuerpo de la Inspección de Trabajo es uno de los garantes del cumplimiento de las normas laborales y de Seguridad Social, es decir, unos funcionarios públicos que tras duras oposiciones están especializados en el mundo de las relaciones socio-laborales, divididos en dos grupos importantes como son los Inspectores Superiores y los Subinspectores de Trabajo, con cometidos similares pero bien diferenciados en la construcción y actuación para llevar a cabo la vigilancia de las infracciones que se cometen por empresas y trabajadores en el ámbito normativo-laboral.