LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL CONFINAMIENTO

Cuando en marzo del pasado año 2020, el Gobierno creó el estado de alarma y no el de excepción,  los españoles, en esa vertiginosa caída de muertos diarios, casi no nos dábamos cuenta o nos daba igual el estado del país. El  único estado que nos preocupaba era el de   los masivos contagios del covid-19  y cómo  día a día se disparaban las intervenciones de las Comunidades para poder abortar tantísimos enfermos que ni los propios hospitales de uso diario podía atender, así como las  UCI, ni los fallecimientos que a diario se producían. En aquellos meses el miedo y el pánico aterrizó de manera fulminante en las residencias de mayores y en especial atacó duramente a  octogenarios y similares que no supo  respetar ni fronteras,  ni ciudades,  ni lugares de trabajo.

         La realidad es que  la pandemia sin darse cuenta de cómo invadía el Estado de Derecho, ha producido tal desgaste en la sociedad civil que aún lo estamos padeciendo y ahora cada uno va por un sitio distinto y los Tribunales Superiores de  Justicia, también con sentencias dispares,  están creando una inseguridad en las medidas a tomar que día a día los telediarios nos emborrachan de contagios y nos sitúan en el limbo de esta triste situación donde no sabemos  cuándo y cómo terminará esta pesadilla, pues cada día que leemos las estadísticas desconocemos si nuestra ciudad o pueblo estará cerradas o limitada.

         El estado de alarma hoy y según el Tribunal Constitucional no procedía. Es decir, lo ha anulado  y ha dicho que aquella decisión del Gobierno ha sido nula de pleno derecho, pues lo suyo era el estado de excepción que es donde se sustenta el artículo 116 de nuestra Constitución, lo que ha dado un vuelco de tal calibre en todo lo acontecido que en estos momentos  la responsabilidad patrimonial a la que se puede enfrentar el Gobierno  se desconocen sus límites y seguro que no va a quedar solo en la anulación de las multas, es más,  como en Derecho dos más dos no son cuatro, se buscarán medidas legales y basadas en  esta Sentencia  para acometer y reclamar millones de euros  por indemnizaciones, que seguro que el propio Tribunal Constitucional tendrá posteriormente  que decir dónde está el límite de estas reclamaciones.

         Es cierto que el art. 116.3 de la Constitución establece que la proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente  los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende  y su duración que no podrá, por cierto, exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual y con los mismos requisitos. Esto nos lleva a pensar que a lo largo de todo lo desarrollado durante el estado de alarma se ha hecho con una falta de  rigor jurídico importante, porque ha ido más allá de lo que establece la propia Constitución. Por lo tanto, ahora habrá que comprobar si se han vulnerado derechos fundamentales  con esta Sentencia complicada del Tribunal Constitucional, pues el estado de alarma que ha sido anulado ha dejado al Gobierno  con los calzones caídos  y con  una herramienta jurídica que  le ha devenido nula, ya que cuanto acontecerá a partir de esta resolución tiene connotaciones ilimitadas y lo que es peor, consecuencias  que se atisban dolorosas para la economía,  pues todo aquel que vio limitados sus derechos de movimientos, empresas que entraron en ERTES, trabajadores despedidos, profesionales esenciales y no esenciales y un largo caminar hasta el día de hoy donde el efecto multiplicador de esta Sentencia del Constitucional ni siquiera se conoce.

         Al Gobierno que le ha supuesto un duro varapalo esta Sentencia y que no es la primera en este orden de la pandemia,  se ha indignado notablemente con el fallo y es lógico porque el Tribunal Constitucional con su ajustada mayoría de 6 Magistrados a favor y 5 en contra ha desmontado  al Gobierno de la Nación, lo que también demuestra que el propio Tribunal está fracturado, pero en peores casos nos hemos encontrado cuando el voto de calidad del Presidente ha determinado situaciones  dolorosas, pero no es la primera vez que este tipo de resoluciones van a traer consecuencias en el orden penal, pues recuerdo  que tantas sanciones como se pusieron  por burlar o alterar el confinamiento  dieron condenas  importantes que ahora, con el recurso presentado  por VOX y estimado en parte, seguro que veremos y acudiremos a momentos donde los Juzgados van a aumentar notablemente los litigios y reclamaciones. Es más, el propio Tribunal estableció que entre el 14 de marzo y el 4 de mayo no hubo una mera limitación de libertades, sino una auténtica suspensión del derecho de circulación, por lo que debió  haberse acordado un estado de excepción y no de alarma, es decir, que entre los votos particulares y la sentencia vamos a tener ponencias de juristas para parar trenes, pero en resumen, lo que sí es cierto es que el Gobierno de la pandemia se ha descolgado indebidamente  y puede producirle una crisis importante lo acontecido en estos días con motivo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Estemos a la espera porque la tinta ya ha empezado a correr  y gastaremos muchos tinteros.

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.