Categoría: Opinión

Cuando en marzo del pasado año 2020, el Gobierno creó el estado de alarma y no el de excepción, los españoles, en esa vertiginosa caída de muertos diarios, casi no nos dábamos cuenta o nos daba igual el estado del país. El único estado que nos preocupaba era el de los masivos contagios del covid-19 y cómo día a día se disparaban las intervenciones de las Comunidades para poder abortar tantísimos enfermos que ni los propios hospitales de uso diario podía atender, así como las UCI, ni los fallecimientos que a diario se producían. En aquellos meses el miedo y el pánico aterrizó de manera fulminante en las residencias de mayores y en especial atacó duramente a octogenarios y similares que no supo respetar ni fronteras, ni ciudades, ni lugares de trabajo.

En este país, cada día nos presentan un culebrón para poder distraernos la mente y así no acordarnos de lo que ocurrió ayer.

A nadie se le escapa que acudir hoy a cualquiera de las administraciones públicas es un auténtico calvario, pues entre teléfonos y correos electrónicos que no contestan y funcionarios en teletrabajo, las administraciones públicas son auténticas islas huecas, donde quienes tienen el cometido de atenderlas están en un auténtico anonimato.

El Cuerpo de la Inspección de Trabajo es uno de los garantes del cumplimiento de las normas laborales y de Seguridad Social, es decir, unos funcionarios públicos que tras duras oposiciones están especializados en el mundo de las relaciones socio-laborales, divididos en dos grupos importantes como son los Inspectores Superiores y los Subinspectores de Trabajo, con cometidos similares pero bien diferenciados en la construcción y actuación para llevar a cabo la vigilancia de las infracciones que se cometen por empresas y trabajadores en el ámbito normativo-laboral.