Autor: Redacción

Desde el desgraciado Real Decreto del Estado de Alarma, donde amparados en la COVID-19, todas las administraciones cerraron sus puertas a cal y canto e hicieron prohibición absoluta de que el administrado, justiciable y profesionales entrasen por sus puertas, se planificó  casi de forma coactiva que todos, sin excepción, tenían que someterse al duro castigo de llevar a cabo por vía telemática cualquier solicitud, gestión o demanda  en defensa de sus derechos. Durante la pandemia se dijo  que todo era transitorio  y hasta las entidades financieras tuvieron a sus clientes y no clientes en las puertas de los bancos  y cajas de ahorros en horarios caprichosos con limitación de aforo y, por supuesto, en la calle como un vulgar pedigüeño que reclamaba o quería sus ahorros o consultar  para saber su situación con la administración.