Por Real Decreto ley 5/1979, de 26 de Enero, fue creado el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, el cual por su propia naturaleza velaba para que los conflictos laborales y, en especial, los individuales entre empresa y trabajador, tuvieran una parada en el camino tras la conflictividad laboral y fuese sede de una figura para que por su eficacia e imparcialidad, se llegasen a acuerdos para evitar el pleito y descargar a los Tribunales de lo Social, que en aquél entonces, se denominaban Magistraturas de Trabajo. Este organismo autónomo y adscrito entonces al Ministerio de Trabajo, fue desarrollado por el Real Decreto 2756/1979, de 23 de Noviembre, donde tenía como fin no sólo la mediación, sino el depósito de estatutos, actas de elecciones, convenios colectivos y demás acuerdos laborales.
El tiempo ha transcurrido y este órgano autónomo fue transferido a las Consejerías de Trabajo o Empleo de las Comunidades Autónomas, donde precisamente en Andalucía se denomina CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación) y con nombres parecidos se diluyó por cada Comunidad Autónoma.
En cuanto al cometido de registros y de elecciones sindicales nada hay que objetar, pues su misión burocrática está perfectamente controlada, pero sin embargo, las conciliaciones entre partes puedo asegurar que es un mero trámite administrativo para obtener un acta de “con o sin avenencia” para luego trasladarla al Juzgado de lo Social. Es decir, papeleta que se presenta en ese centro en función del número de funcionarios es más o menos ágil la citación, pero el denominado “letrado conciliador” que levanta el Acta de ese acto, ni asesora a las partes y se limita a levantar acta de un acuerdo premeditado o bien una coletilla de la “no avenencia” y a seguir el cómputo de los plazos procesales, porque no conoce la normativa laboral y menos está especializado para ello, salvo excepciones.
Curiosamente, este CMAC con el COVID-19, ha estado confinado desde el 14 de marzo al 31 de mayo, donde ni se sabía dónde presentar las papeletas de conciliación ni dónde registrar ningún documento relativo a su competencia, en los procedimos denominados urgentes por el legislador. Es más, mientras los procesos judiciales han sido calificados procedentemente en función de la materia, en estos centros ni se sabía los plazos señalados cuándo se iban a reanudar. Es curioso, cómo hasta que una nota que aparece el día 3 de Junio de la Consejería correspondiente, ni se sabía qué iba a ocurrir con tantísimos señalamientos ya existentes y suspendidos ni muchos menos de los que van a venir a partir de dicho día. Todo envuelto en un entramado administrativo ineficaz y muchos centros que ni tan siquiera cuentan con una nutrida plantilla de conciliadores.
Ya es hora de modificar estos “centros” con personas que de vedad conozcan lo que es una mediación y una conciliación y que acerquen a las partes con el conocimiento de esa materia y no funcionarios que se limitan a levantar un acta, pero sin conocer las raíces de lo que se reclama en ese expediente. Se necesitan conciliadores profesionales y conocedores de las relaciones laborales, ya que lo hoy existente en su mayoría, por mucha voluntad que se ponga no sirve para nada, pues estamos ante letrados conciliadores cuyo fin es tener citadas a las partes, con los correspondientes acuses de recibo y preguntar si el acto es con o sin avenencia y aquí termina todo un órgano que podía evitar muchísimos pleitos y mucha carga en los Juzgados y que vista su trayectoria, su recorrido y su trabajo, puedo calificarlo como un órgano ineficaz. Así, las relaciones laborales no pueden continuar y tanto como se demanda la mediación, aquí el factor humano brilla por su ausencia. Ojalá la Comunidad Autónoma recabe información sobre estos centros, los dote de funcionarios especializados y los haga efectivos y entonces ese centro filtrará un suficiente número de procedimientos que harán más ágil a la justicia, como ya ocurre en el SERCLA que, al menos allí, los conflictos laborales se ven tutelados.
José Blas Fernández Sánchez.
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales.
@Jblasfernandez