Tensionar al poder judicial crea inseguridad jurídica

Vivimos meses con desazón por la intencionalidad con la que el ejecutivo está tensionando al Poder Judicial en su conjunto, pues si es cierto que la cúpula judicial está prorrogada en su mandato, hemos visto muchas veces, cómo el Gobierno se queda en funciones con poderes amplios hasta tanto las fuerzas políticas, en un gesto de consenso, elijen un gobierno para regir los destinos del país, por lo que alarmar con que el Consejo General del Poder Judicial lleva dos años de prorroga y querer descalificarlo y desautorizarlo no conduce más que a un enfrentamiento estéril, donde la inseguridad jurídica hace de tsunami sobre el conjunto de toda la sociedad.

Estamos observando cómo el ejecutivo le está echando el pulso permanentemente al Poder Judicial, olvidando que es otro de los poderes que nuestra Constitución contempla, pues desde que Su Majestad el Rey fue utilizado como moneda de cambio para no presidir la entrega de despachos de la promoción nº 69 de los Jueces en Barcelona, olvida quién ha propiciado este contubernio y que las Sentencias se dictan en nombre del Rey, por lo que dicha actuación intervencionista ha sido muy lesiva para el conjunto de la Judicatura, pero el Poder Judicial ha sabido día a día darle una lección al poder político. Se está poniendo en entredicho la elección mayoritaria que los jueces han llevado a cabo para la elección de distintos Presidentes de las Salas del Tribunal Supremo y todo porque las negociaciones no llegaron a buen puerto, pero al fin y al cabo quienes eligen o nombran a estos Presidentes es el propio Poder Judicial y en este caso ha sido abrumadora la elección de estas personas. En esta tormenta diaria de querer corregir a los Jueces, ha surgido el caso “DINA”, donde el Magistrado Manuel García Castellón, Juez de la Audiencia Nacional y encargado de dicho caso, ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por su condición de aforado, el cual como líder de PODEMOS, ha lanzado una serie de improperios contra esa medida y ha provocado, desde sus incondicionales, miles de insultos y amenazas al referido Juez, el cual ha tenido que pedir emparo por la situación de descrédito que se le están ocasionando y dudando de su profesionalidad. Esta noticia, que es sumamente llamativa porque ha relatado todo el origen de este caso, como es el robo en Noviembre de 2015 del móvil de Bousselham, cuya tarjeta de memoria aparece en la vivienda del ex comisario Villarejo dos años después, ha traído un relato de diligencias por las que la propia Audiencia Nacional quiere que se investigue a Pablo Iglesias, el cual acostumbrado a despreciar a determinados adversarios políticos cuando han estado en la misma situación, dice ahora que se sorprende y que no da crédito a la petición de dicho Juez, cuando los que conocemos el Derecho sabemos que ese paso que se ha dado está dentro de esa presunción de inocencia que tenemos todos, pero el Sr. Iglesias, que se cree con patente de corso, entiende que a él no se le puede llevar a cabo ni la más mínima investigación, como si se tratara de un dirigente de una república bananera. Si a todo esto y en plena pandemia en su segunda ola, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado por Sentencia una Orden del Ministro de Sanidad en relación con el confinamiento de Madrid, el Gobierno, al tener que verse sometido a dicha resolución judicial, no ha tenido otra salida que burlarse de ese pronunciamiento del Tribunal y dictar el Estado de Alarma con el único fin de quedar por encima.

Todos estos acontecimientos no son buenos para nadie y el Poder Judicial, con sus defectos y sus virtudes, es un Poder que tenemos legítimamente que defender y tenemos que decir “basta ya”, pues si contamos con un ejecutivo inseguro, frágil y perdiendo por día la credibilidad, no podemos permitir que al Poder de los Jueces se le quiera perturbar o se le quiera elegir al antojo de quien gobierna en cada momento y menos manipularlo. Eso da una sensación de inseguridad que hasta para los operadores jurídicos nos sorprende y máxime cuando miles de jueces independientes, honorables y pulcros están trabajando a diario para administrar no sólo la Justicia, sino interpretar las decenas de miles de lagunas que el poder legislativo vomita en cada norma y más, cuando se está haciendo de forma improvisada, beligerante y derogando todo aquello que sin mirar el interés general se hace por revancha y por odio a quienes lo legislaron precedentemente.

Todo esto está llamando a las puertas de los españoles y un pacto debe reflejar primordialmente el respeto a las Instituciones y no el revanchismo, pues un Estado de Derecho es que cada poder asuma sus competencias, pero querer uno solo dominar al resto es entrar en algo que se llama Dictadura y España, afortunadamente, desde la Constitución de 1978 es un Estado Democrático y libre donde las mayorías y minorías tienen su papel y dentro de ello existe el consenso y el respeto para que la democracia siga estando viva.

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales.