El PSOE de Cádiz ha mostrado su rechazo a las modificaciones aprobadas recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en lo relativo al Decreto Ley sobre Escolarización, por la forma torticera de entender el principio de servicio público que la educación tiene y que la nueva Ley educativa incorpora mediante el Articulo 109.1 al “garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas”
No cabe duda de que estas modificaciones tergiversan la finalidad prevista al hablar de “garantizar el derecho de todas las personas a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas del Sistema Educativo Público de Andalucía”, para incluir con esta formula tanto a los de titularidad pública, como a los de titularidad privada, es decir los concertados y responder de esta manera al interés particular de los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos.
Por ello, el PSOE de Cádiz muestra su oposición a las modificaciones del Decreto Ley de escolarización de la Junta de Andalucía ya que con él se busca el crecimiento de los centros concertados abriendo la puerta a permitir no solo el mantenimiento de los actuales conciertos, aunque la demanda de escolarización por natalidad no lo aconseje, sino al crecimiento de los mismos más allá de la enseñanza obligatoria, es decir Formación Profesional y Bachillerato, en detrimento de nuevo de la gestión pública de la enseñanza.
Desde el PSOE de Cádiz se mantiene que lejos de defender una supuesta libertad ideológica o de enseñanza, como sostiene la derecha, lo que se busca es asegurar la existencia de comunidades educativas que, lejos de poner en valor el pluralismo ideológico de la sociedad, promueven una enseñanza que en ocasiones ignora, cuando no rechaza, valores universales y derechos y libertades que nuestra Constitución consagra, algo para lo que están perfectamente en su derecho, pero que debería quedar fuera de la financiación pública. Cabe recordar que en muchos de esos centros concertados encontramos una oposición flagrante a materias como la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, supuestamente, o se aplaude el llamado “pin parental”, que es una de las principales amenazas a la libertad de enseñanza y a la autonomía de los centros públicos.