En estos momentos, en nuestro país, y pertenecientes a las distintas instituciones del Estado existen más de 2.282 sociedades mercantiles u organizaciones de corte empresarial que pertenecen a la administracion central, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, las cuales con motivo del COVID-19 han tenido que entrar forzosamente en la ruleta de empresas que muchas de ellas no tenían la consideración de esenciales y que, por tanto, sus trabajadores han pasado a estar confinados, pero sin el trámite del ERTE. Curiosamente, el Gobierno instó a todas las empresas para aguantar este chaparrón y salvar la crisis del coronavirus sin forzar a llevar a cabo el ERTE, pues ello sería meter una presión sobre las cuentas del Estado, donde el número de desempleados hubiese subido en una cuantía de más de 220.000 trabajadores.
Efectivamente, las administraciones no han llevado a cabo ERTES porque al fin y al cabo, los funcionarios públicos cobran de los presupuestos públicos, pero las mercantiles públicas llevan su autogestión y, al igual que algunas suelen dar importantes beneficios, otras se estabilizan en una aparente figura plana, pero al fin y al cabo no deja de ser una empresa. Es verdad que en muchas, por su situación, como los casos de correos, ADIF o Renfe han tenido que llevar a cabo servicios mínimos e importantes para seguir y continuar su objeto, social pero en otras muchas y oscila en casi un 39%, han enviado a los trabajadores a sus casas abonándoles su salario completo o bien, en otras, se ha producido con éxito el teletrabajo, pero no ha sido justo el que por no llevar a cabo un ERTE y no engordar los trabajadores desempleados, ya que eso daba una mala imagen a las estadísticas, se les ha respetado su salario y durante más de dos meses aproximadamente muchos, por indicación de la empresa, han dejado sus servicios para estar exclusivamente confinados y, en definitiva, esos salarios han sido pagados por los ciudadanos.
Esta situación es injusta porque al igual que miles de empresas privadas se han visto obligadas a realizar ERTEs y otras que siendo esenciales no han vendido una escoba porque el mercado se encontraba bloqueado, las que están bajo el manto de lo público han salido al paso cerrando sus actividades o parte de éstas y en lugar de tener a los trabajadores en un ERTE los han mantenido en plantilla y con todos sus emolumentos, sabiendo además que una vez que desaparezca el estado de alarma volverán a su normal actividad, sin importar si va a existir pérdidas o ganancias.
Todo este entramado que hay que analizar con mucha cautela, el tiempo nos va a dar o quitar la razón de si lo privado ha salido mal parado frente al coronavirus o si lo público se ha beneficiado en el mundo de las relaciones laborables. Por desgracia, tendremos un rescate próximo y el tratamiento y las herramientas que utilizará Europa para prescindir de determinadas entidades públicas darán a conocer la rentabilidad que ha existido en lo público y la que ha existido en el mercado privado.
En resumen, la creación de empleo será la gran asignatura pendiente y, posiblemente, aparecerán los ERES y los despidos, pero habrá que buscar fórmulas equitativas para que el equilibrio en esa pérdida no sea en lo privado y lo público, que lo pagamos todos, sea materia intocable.
José Blas Fernández Sánchez.
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales.
@Jblasfernandez