Desde el primer Real Decreto-ley sobre la alarma sanitaria, el mercado laboral se ha precipitado en un conjunto de medidas de todo orden que nos está haciendo entrar en arenas movedizas por la destrucción masiva del empleo. Desde aquél Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se estableció este estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se han ido llevando a cabo una diarrea no legislativa, sino prácticamente dictatorial como consecuencia de que el Gobierno ha ido publicando en los distintos Boletines Oficiales del Estado, tanta normativa que ha creado tanta inseguridad que pasaran años para que entre el sentido común y la jurisprudencia pongan orden a todo este entramado de normas improvisadas.
Hemos tenido, por último, un Real Decreto-ley que ha entrado en vigor el 13 de Mayo, donde se han tomado medidas en defensa del empleo; lo que yo llamaría en detrimento del empleo, pues de dar café para todos y tener en un momento social convulso a todos contentos y recubiertos por el barniz del miedo al coronavirus, la sociedad civil ha estado callada y en especial acatando y sobrellevando todo lo que aparece en este terreno normativo. Si hasta hace unos días se hacía cargo el Estado de las nóminas de los ERTEs y de la Seguridad Social, ahora pese a seguir en estado de alarma, viene el castigo para aquellos empleadores que o bien no han rescatado a sus trabajadores de los ERTEs o bien rescatándolo lo hacen para parte de la plantilla.
Es decir, mientras que parecía que esto era indefinido, ahora con este Real Decreto-ley 18/2020, unos que han reiniciado su actividad tendrán que abonar un 15% de las cuotas de Seguridad Social a partir del día 13, otros pagarán el 40% porque no hicieron uso del rescate de sus trabajadores pudiéndolo hacer y otros que lo recataron antes del día 13 pagaran el 100% de dichas cuotas de Seguridad Social. Lo que hace que el desconcierto se apodere de todo el mercado y, sin embargo los que fueron esenciales y no hicieron ERTE y sostuvieron el poco mercado que había siguen en la misma línea de pago y sin ser bonificados en ninguna modalidad y no hablemos de los autónomos, porque entonces ya sin fórmulas adecuadas de bonificación se prevé que perderemos más de 500 mil trabajadores que cotizan al RETA.
Si a todo esto, que es farragoso, le añadimos la incógnita del empleo juvenil que estaba antes de la crisis en un 34,9 % y era el mayor de Europa, ahora los becarios y los que estaban esperanzados en el proyecto de ley para el estatuto de ellos, se han quedado anestesiados para siempre, porque si vamos a entrar en la pérdida de empleo de la mayor que ha existido en España, ya me dirán los jóvenes quién los contrata y quién se hace cargo de su futuro, pues si esa generación no adquiere formación y aprendizaje en las empresas, las propias universidades se llenaran de desazón y no sabrán qué ofrecer a los futuros titulados, y no hablemos de la FP, donde parece que la borran del mapa educativo.
Todo ello, no tiene parangón. Los ERTEs, a esta altura, pese a llevar un trámite marcado por las administraciones que ha sido poco riguroso, inconcreto e improvisado y que se ha soslayado en gran parte gracias a profesionales del Derecho como son los Graduados Sociales, tenemos la fría cifra de más de 400 mil trabajadores que no han percibido el desempleo. Por tanto, el conjunto del panorama socio-laboral es tan frágil como el propio Gobierno, que dando palos de ciego en todos los aspectos incluido el sanitario, nos deja un panorama nada esperanzador y con unas secuelas tan complejas que nadie podrá decir que se parece ni siquiera a lo que existía en Diciembre de 2019.
José Blas Fernández Sánchez
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
@Jblasfernandez