Mucho se ha debatido sobre el sistema público de pensiones y más sobre la congelación, revisión, estabilización y topaje de estas, pues desde que el Pacto de Toledo se puso en marcha y hasta su hundimiento, el Estado ha venido endeudándose para poder mantener un sistema que cada año es más costoso en sus compromisos. Hablar de millones y del déficit del sistema ha sido progresivo y pernicioso, pues si bien la edad de jubilación ha sido aumentada en sus años, no cabe duda de que las jubilaciones anticipadas y las mermas de plantillas a costa del sistema han sido la moneda de cambio para regular durante la crisis del 2008 la fórmula para aligerar muchas plantillas y en vez de llevar a cabo las preceptivas regulaciones de empleo por lo traumático, se ha optado en grandes empresas por buscar fórmulas de procesos de prejubilaciones y como consecuencia la merma en ese sistema público de pensiones.
Nadie se aparta de que las pensiones contributivas es un sistema que se ha quedado obsoleto por la falta de cotizantes y más por la longevidad de los pensionistas, lo que está produciendo un gran “boquete” de endeudamiento del que ningún partido político quiere hablar, pues cada vez es mayor el número de pensiones contributivas (prestaciones de invalidez, viudedad, orfandad, favor de familiares) y no contributivas que desvían de forma negativa el alto coste que todo ello supone para las arcas del Estado y ya los “avisos” de que esto no puede soportarse nos viene desde el Banco de España, hasta de los propios organismos públicos y más ahora, desde Europa, con motivo del COVID-19.
Hoy, el sistema “no puede ni con su propio cuerpo” y para los próximos meses el hundimiento de las empresas es claro y contundente, el desempleo nos come por día y el COVID-19 ha destrozado la economía de España, al igual que la de otros países, por lo que nadie oculta que los pensionistas verán mermadas sus pensiones en un porcentaje, lo que hará incluso un mayor deterioro de quienes han trabajado toda una vida y ahora tendrán que apretarse el cinturón, pues de ellos dependen a veces, familiares como hijos y nietos en desempleo.
En definitiva, resulta inevitable la rebaja de las pensiones, la deuda pública se ha multiplicado por tres en los últimos diez años y esta deuda pasará a las próximas generaciones, por lo que como ha dicho el Presidente del Gobierno “no podemos aguantar por mucho más tiempo que se resuelva el déficit público de la Seguridad Social”, por lo que aunque el gasto de pensiones se ha reducido por segundo mes consecutivo, por el número de fallecimientos a raíz del coronavirus, la crisis que ya está aquí con el frenazo económico, hará que se retoquen las pensiones a la baja y sigan topadas y, por supuesto, la subida se queda en el aire para los 8,7 millones de personas de las que más de 5,5 millones son jubilados. Este panorama de gasto de más de 120.000 millones de euros al año en pensiones es insostenible y ante esta crisis ya tan enorme, la solución no es otra que el recorte, al igual que también vendrá, aunque no se desee, para los funcionarios. Desgraciadamente, nos tocará vivir años muy peligrosos en la economía.
Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales.