La litigiosidad en España sigue aumentando

Los órganos judiciales españoles reciben muchas críticas por la lentitud que algunos llevan en sus procedimientos y  es unánime la queja del justiciable para que sus pleitos se le resuelvan en el menor tiempo posible. De ello no tenemos duda y quienes somos operadores jurídicos aún más conocemos el entramado que los tribunales tienen hoy para resolver sus demandas.

El Consejo General del Poder Judicial nos acaba de facilitar los números  de los  asuntos que en el año 2021 resolvieron estos órganos judiciales en España, los cuales aumentaron un 20,9% más que el año de la pandemia y  un 4% más que en el 2019. En definitiva, los asuntos  que estos tribunales resolvieron fueron  6.321.593  y tras volver a la normalidad  en el 2021, sigue siendo muy alta la cantidad de asuntos que pese a haberse resuelto gran cantidad,  quedan pendientes, de los cuales no tenemos estadística. Sin embargo, el pasado año  ingresaron en los juzgados y tribunales 6.270.334 asuntos, lo que supone un 13,4% más que en el 2020, pero no sabemos  cuántos asuntos fueron desistidos y tampoco sabemos  el incremento  que aún está pendiente sumado a los años precedentes, porque no olvidemos que existen pleitos de hace varios años que duermen en el sueño de los justos.

La Jurisdicción Penal es una de las que más ha subido en asuntos ingresados en el cuarto trimestre del 2021, seguido de la Jurisdicción Civil, lo que demuestra que siguen siendo los  órganos que mayor número de asuntos tienen que dirimir, pero en un conjunto de nuestro territorio, tenemos que resaltar que  los que más litigiosidad han tenido han sido Canarias, Andalucía y Madrid.

Sin embargo, la Jurisdicción del Orden Social, en el mismo trimestre, ingresaron 112.240 asuntos, que supone un 4% más  que en el mismo trimestre del 2020 y se resolvieron 117.039 asuntos, un 0,9% menos  y quedaron en trámite  un 4% menos de asuntos, haciendo un total de 362.266 procedimientos.

Como vemos, hasta aquí estamos con un juego de números y, en definitiva, estadística, pero  no existe ningún informe de la calidad de los tribunales ni existe ningún informe que ponga de manifiesto cuántas sentencias son revocadas por las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo y ello se hace necesario conocerlo, porque en la primera instancia si no estamos ante jueces especialistas, las sentencias no poseen calidad  y, por supuesto, son revocadas abundantemente y ya que tratamos del sistema judicial español, a nadie se le escapa la lentitud que posee. Entiendo que va siendo hora de que  los Juzgados  no dependan de tres arterias importantes, cuales son, del Poder Judicial que lo hace el Juez o Magistrado, del Ministerio de Justicia, que  lo hacen los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios Judiciales) y de las Comunidades Autónomas, de la que dependen el personal funcionario, las sedes judiciales y todo el consumible, incluido el papel. Lo suyo es que exista un solo “capitán” como en los barcos y no tres mandos distintos. 

Por eso, pese al esfuerzo que muchos jueces que se entregan y se dejan la piel para sacar adelante todos los asuntos que tengan, se pierde el valor de ese esfuerzo cuando topamos con otros jueces que no conocen la materia o que proceden de otra jurisdicción  y no son especialistas donde ahora administran  justicia y tengo que sacar una lanza en favor  de las mujeres, pues hoy  el 55% de los miembros de la carrera judicial son mujeres, lo que demuestra que desde 1966, donde fueron admitidas en la carrera judicial están desempeñando un notable papel y una constancia  importante, pero como profesional del Derecho insisto en la especialización de quienes se encuentren en determinadas jurisdicciones, como ocurre en la Social, que en primera instancia la gran mayoría  no conocen la misma  y aun cuando el esfuerzo sea titánico, si carecen de especialidad y de experiencia para poco sirve y más ahora que ante la profunda crisis  en la que estamos ya metidos y con una reforma laboral cicatera y poco abierta a la creación de empleo, los señalamientos  como podemos comprobar en miles de casos son a dos y tres años vista, lo que hace que así no se pueda seguir, pues una Justicia lenta no es Justicia y si queremos tener agilidad  y una  puesta a punto de todas las jurisdicciones  empecemos por renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial  para que con aires nuevos aborten  con contundencia los defectos que existen y también que se controle toda la vida  judicial con seriedad y disciplina, pues no está bien que paguen justos por pecadores  de una situación caótica como en estos momentos tenemos. Precisamente, en estos momentos se ha inaugurado el curso académico 2022-2023, de la Escuela Judicial, la cual tiene su sede en Barcelona, asistiendo como es natural  el Director del centro Jorge Jiménez, el cual acoge a 161 integrantes de la 72ª promoción de la carrera judicial (119 mujeres y 42 hombres),  los cuales han jurado/prometido guardar el secreto profesional en su etapa formativa; una promoción que mantendrá el respeto inquebrantable del principio de legalidad, ya que  aunque es el Juez quien debe interpretar las normas, nunca puede suplantar  la voluntad de la ley y de quienes espero que dentro de los principios de ética judicial, independencia e imparcialidad lleven a cabo una especialización correcta de su carrera y en el Orden Jurisdiccional Social se impregnen de todo su contenido, pues precisamente, de esta Jurisdicción es de la que menos practican, por lo que les hago un llamamiento para que elijan una bonita jurisdicción donde los profesionales del Derecho Laboral nos veamos inmersos en el mismo plano de conocimientos.

         En definitiva, queremos una Justicia especializada,  ágil, que tenga medios humanos y materiales y sedes decentes, pues aunque la Justicia no dé votos, da seguridad y soporta al Estado de Derecho.

José Blas Fernández Sánchez.