El Gobierno, que está funcionando por medio de reales decretos-leyes y dándoles poca cobertura a los legisladores, tiene a muchos colectivos totalmente indignados y convertidos en diana de antojos y caprichos en función de cómo el viento sopla. Son muchos los colectivos que ante tanta inseguridad jurídica y aprovechando la situación de la pandemia se les imponen normas que vulneran sus derechos fundamentales, en algunos casos y en otros, los deja sin competencias de forma arbitraria y sin precedentes.
En el reciente Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de Enero, por el que se amplían los ERTES hasta el 31 de mayo de este año, se aprovecha que el papel todo lo admite y en una Disposición Final Cuarta, se modifica el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social y se le da una nueva redacción al párrafo a) del artículo 53.1, el cual ha provocado que el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social se rebele porque la presunción de certeza de sus actas, en algunos supuestos, se queda en papel mojado. Lógicamente, junto a este colectivo de Inspectores y Subinspectores se les están sumando otros colectivos profesionales del mundo jurídico-laboral que comprueban cómo de manea caprichosa, quieren romper la eficacia y la seguridad jurídica que el Cuerpo de la Inspección de Trabajo, como funcionarios públicos, hace valer. El motivo no es otro que el querer suplir determinadas actas de la inspección sin que sean constatados los hechos por los inspectores y, cómo si se tratase de un robot, se llevarían a cabo y por supuesto, ello quiebra la reserva de la función inspectora que la ley atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores Laborales.
Olvida el ejecutivo que las actuaciones inspectoras se efectúan mediante comprobaciones de hechos y circunstancias de las realidades laborales comprobadas “in situ”, por lo que no hacerlo así, esta medida limita o condiciona la necesaria autonomía técnica de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
El Sindicato de Inspectores, en su comunicado, deja claro y puntualiza determinadas cuestiones, entre las que destaco que no existe una delimitación de supuestos, ya que es grave no sólo respecto de infracciones graves o muy graves cometidas mediante fraude, sino también respecto de su utilización torticera y masiva en perjuicio de sectores, prestaciones de trabajadores en función de costes para las entidades gestoras y, en definitiva, en función de criterios ajenos a la aplicación de la legalidad, pues con la automatización de las actas, se pretende sustituir a los Inspectores y Subinspectores, lo que desmerece al Cuerpo y le merma del contenido verdadero que ellos poseen y todo porque la medida de automatización no cumple con la presunción de certeza de las actas de infracción, ya que olvidan el artículo 23 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo que delimita esta presunción de certeza a los hechos que hayan sido comprobados por Subinspectores e Inspectores.
No entiendo cómo el autor de esta modificación ha sido capaz de restar a este Cuerpo de Inspectores y Subinspectores los principios de seguridad jurídica, eficiencia, profesionalidad, neutralidad e imparcialidad que les caracterizan, pues en un Estado de Derecho quienes tienen que velar por el cumplimiento de las normas no pueden ir amordazados y limitados en sus cometidos. En definitiva, se está aprovechando la pandemia para introducir, por la gatera y en silencio, modificaciones de normas que siempre fueron ejemplo para el ejercicio, como en este caso de cualificados funcionarios públicos, pero mecanizar actas que antes iban cotejadas y sustentadas por el criterio de un Inspector no pueden ser ahora levantadas de manera caprichosa y por un sistema automatizado que produzca malestar, inseguridad y desazón, nada más y nada menos que al mundo del trabajo, pues si el fin es recaudatorio que no mermen facultades a nadie, pero engañar con aparentes mejoras donde hurtan competencias de terceros es de países bananeros, donde se imponen medidas que ni han sido debatidas ni consultadas con los interesados, ya que esta precisamente, no solo debió ser advertida como es natural y lógico al Cuerpo de la Inspección, sino debatida en unas Cortes Generales donde los distintos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado hagan sus enmiendas, adviertan de las posibles ilicitudes y no como en el presente, hacer que se rebelen quienes trabajan por el interés general, pues desgraciadamente un real decreto-ley no es más que una pantomima que se ratifica por las mayorías sin más debate que el criterio de quien manda.
Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.
Desde luego que no se puede hacer peor por un gobierno, esto que quieren quitar de las competencias que posee la inspección de trabajo, es quitar a un Estado de Derecho sus logros conseguidos y lo que pretenden es recaudar como sea para que no intervengan previamente la Inspección, lo que no se comprende viniendo de una ministra comunista. Y de esto seguro que no dicen ni pon los sindicatos de CCOO y UGT.
Me gusta este autor porque pone el dedo en la llaga y espero que los Inspectores de Trabajo, se pongan en huelga por querer marginarlos.
Espero que la Inspección de Trabajo repleta de magníficos profesionales, sepa responder a tal ataque a su estatuto o competencias. Desde luego así está España con este gobierno de ineptos y con una ministra de trabajo llena de odio. El seguir por ese camino de inútiles con el único fin de quitar competencias a los cuerpos del Estado, es hundir la Libertad de España. Espero se retracten y agradezco al Sr Blas su información.
De nuevo quiero agradecer a José Blas Fernández el que siempre ponga los puntos sobre las ies. Siempre de actualidad. El gobierno cada día se supera en lo mal que lo hace. No va a dejar títere con cabeza y se atenta cada vez más contra la seguridad jurídica y despojar de competencias a cuerpos independientes que velan por la garantía constitucional como los inspectores de trabajo y subinspectores de empleo.