Desde que el pasado 14 de marzo, el Consejo de Ministros acordó declarar el estado de alarma, con motivo de la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, las consecuencias que se avecinaban eran de tal calado que siendo la principal, el buscar soluciones para evitar tantísimas muertes como estamos teniendo, sobrevolaba sobre todos los españoles una que no iba a tener comparación con la crisis económica del 2008, cual es el cierre de empresas y la suspensión de millares de contratos de trabajo con el hundimiento de la economía, que difícil será sobreponerla a los niveles que antes, del 14 de marzo, tenía España. Los que nos movemos en el mundo del trabajo conocemos que, con independencia del dolor que supone tantas pérdidas humanas y sacrificios por abortar la pandemia, hay algo detrás que es el mundo de la economía y que en definitiva, los desaciertos y las improvisaciones acaban con un mercado laboral que luego no puede salir a flote, porque todo ha sido improvisado.
Al terminar el proceso de estar millones de españoles confinados y al querer volver al trabajo, nos encontraremos con multitud de despidos y el efecto multiplicador de todo ello será que el PIB caerá cerca del 8%, lo que hará que el paro aumente en medio millón más de personas, algo que será irreversible y la litigiosidad será un exponente claro para que la jurisdicción del orden social se colapse, penetrando la misma en tal proceso que, salvo el esfuerzo de los jueces de lo social y de los Tribunales Superiores de Justicia y sus operadores jurídicos, no se saldrá de ella en años.
Hoy los Juzgados de los Social están llenos de “papel” y de millones de demandas de toda clase, pero la inmediatez que debe tener no es posible cuando un juicio por despido, hoy puede verse con rapidez en un año y medio aproximadamente y si por el COVID-19 entran miles de demandas contra empresas, las cuales habrán desaparecido en su mayoría, sin olvidar las demandas de prestaciones de Seguridad Social que seguirán aumentando, más aún cuando ahora quieren que las bajas por el coronavirus sean reconocidas como accidente de trabajo y eso sea un colador de otras enfermedades, esta jurisdicción del orden social terminará “atorada” sin salida, por lo que como siempre insisto, habrá que dotarla de magistrados especialistas que ayuden a descongestionar la primera instancia, ya que nos encontraremos con un despido que podría resolverse en un tiempo de no menos de dos años y medio o tres.
Por tanto, la crisis que se nos avecina nos anestesiará a todos y más a quienes conocemos esta jurisdicción, sin olvidar la Contencioso Administrativa que también se encontrará contra la pared por los recursos y no digamos los Juzgados de lo Mercantil, donde lloverán las suspensiones de pagos, concursos, quiebras, etc.
En resumen, no hay que ser muy inteligente para ver lo que se nos avecina y por supuesto tenemos que hacernos de un corazón duro para poder afrontar que estos nubarrones de hoy se convertirán en grandes tormentas mañana, por lo que si no se busca remedio, la jurisdicción social entrará en la UCI, salvo que una vez más los sacrificados Magistrados de esta jurisdicción especializada y sus Letrados de la Administración de Justicia, pongan su vida para entregarse a ella y anoto una sugerencia, al igual que se han llamado a médicos y enfermeros jubilados para combatir esta pandemia, será el momento de llamar a jueces y magistrados ya jubilados para que, con su experiencia y buen saber, vuelvan a ponerse al frente de muchos juzgados donde hará falta su destreza y experiencia y así posiblemente saldremos de la UCI.
José Blas Fernández
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
@Jblasfernandez
Gracias por compartir tantos años de experiencia, como bien dices la jurisdicción social entrará en UCI, necesitamos a todo el personal especializado en esa materia, ellos pasarán a ser nuestros nuevos héroes.
Los juzgados va a acabar muy mal con la que les viene y ahora tan bien explicado lo entiendo. Gracias José