La Justicia, con tres patas, no camina

Quienes estamos inmersos en el mundo judicial, ya sea como operadores jurídicos o como simples justiciables,  no nos damos cuenta  de que  las transferencias que hoy poseen las CCAA en materia de Justicia y  quienes le acompañan como es el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia,  si no están verdaderamente ensamblados y coordinados por un solo eje están condenados a no participar plenamente cada uno de sus  obligaciones y como es lógico  quienes están involucrados en toda esta galimatías  se nota que la situación deja mucho que desear o lo que es peor, que no funciona. En estos días hemos acudido a unas declaraciones que considero afortunadas de la Consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, la cual le pide al Gobierno más competencias para hacer frente a un sistema decimonónico que lleva a que la inversión se convierta en desinversión, por lo que sumándome a esas declaraciones entiendo que los que estamos enfrascados en este mundo judicial, en decenas de ocasiones,  no comprendemos la situación  en su conjunto de la Justicia, pero sin embargo, quienes no la conocen, no viven con ella o han hecho uso  mínimo de esta parcela tan importante de la administración, no llegan a entenderla  y lo que es peor miran para otro lado cuando los profesionales del Derecho estamos día a  día denunciando situaciones que hacen  cada vez la bola de nieve sea más grande y  más difícil de desenredar todo su entramado.

Para quien no lo conoce, las CCAA llevan a sus espaldas toda la construcción y mantenimiento de las sedes judiciales,  toda la dotación del personal que vive en este mundo y siempre tiene que ir corrigiendo errores porque las sedes judiciales pese a la paralización que muchas tienen, deben  ir creando otras  nuevas y encima reparando  y soportando el alto coste que tienen en sus competencias. Creo que las CCAA a la hora de determinar  el número de órganos judiciales y estar  esperando que se les diga las necesidades que tienen que ejecutar,  deben tener mayor protagonismo en esta decisión de creación de nuevos órganos, pues para ello tienen que soportar y garantizar la eficacia de las infraestructuras de todas las sedes judiciales que poseen, ya que costear todos los déficits  es algo  casi incalculable y al final el modelo que tenemos hoy en España hay que reconocer que es un modelo antiguo  y sobre todo obsoleto por la forma y la manera en la que está estructurado. Las CCAA pagan un alto coste  de sus competencias, pero no tienen capacidad para decidir cómo debería ser una oficina judicial o cómo organizar el trabajo de los juzgados para que estos sean más eficientes, por lo que  se ven prácticamente impotentes para aportar y soportar cargas que otros administran y que lógicamente no tienen capacidad en esa organización. Los Jueces ponen sentencias, pero claro la carga de trabajo les hace ralentizar  todo el mecanismo  y una sentencia lenta o fuera de tiempo que se dicte ya no es justicia  y si a eso  hay que aumentarle el papel que realizan los antiguos Secretarios Judiciales y hoy Letrados de la Administración de Justicia, a los cuales se le han dado  auténticas competencias para decidir y organizar, todo ello en su conjunto como no se dirija por un solo  regidor  es muy difícil  que funcione,  ya que la dependencia de cada pilar existente hoy tiene  sus propias fuentes de organización  y entonces se termina en lo que desgraciadamente  hoy estamos viviendo.

Por lo tanto, para llegar a poder conseguir  un verdadero funcionamiento en una sede judicial desde el momento en  que entra una demanda, tiene que existir  unas competencias  totalmente coordinadas,  porque de lo contrario cada pilar de los antes relacionados van por cada sitio  y la Justicia en su conjunto está condenada al fracaso. Por ello,  independientemente  de dotarla  de un gran proyecto de Justicia gratuita propio,   hay que abastecerla de competencias que den respuestas acertadas al justiciable, a los profesionales del Derecho y sobre todo tener un despliegue de funcionarios y de sedes y oficinas que estando organizadas   y coordinadas se hagan  cercanas, muy eficientes y lo que es algo esencial, que tengan una dotación digital con un idioma cercano entre todos los que están dentro del mundo judicial. Aquí vemos y comprobamos cómo  el parón que está teniendo la no renovación del Consejo General del Poder Judicial tiene un efecto multiplicador tan pernicioso  que  vivir lo que hoy se vive en juzgados y tribunales es algo tan insólito y tan rancio que  de seguir así, nos pareceremos  más a sedes judiciales del tercer mundo, por lo que es hora de crear plataformas de profesionales del Derecho, Judicatura, funcionarios especializados y otros que se relacionan directamente con la Justicia, como es el Ministerio Fiscal, médicos forenses, peritos judiciales, etc., etc.,, que construyan una nueva situación  y no lo que hoy tenemos, porque la sociedad civil está cansada de este modelo actual que  al ser tardía en sus resoluciones  no es eficaz y si  para colmo a la hora de ejecutar dichas resoluciones no existen mecanismos de control con agilidad y prontitud, la Justicia en su conjunto ha perdido lo que hoy algunos están queriendo que pierda, que es el prestigio, la seriedad y  que sea un poder tan importante del que no tengamos que arrepentirnos por su mal funcionamiento.

En definitiva, comparto  cuanto dice la Consejera de que las competencias en materia de Justicia deben revisarse, porque  las CCAA deben tener más capacidad de decisión, pues  para ello afrontan el gasto, tanto en medios personales como materiales y todo no es pagar para encima recibir un varapalo.

  Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.