No cabe duda de que el Sistema público de pensiones tiene grandes lagunas, pero con el tiempo se han ido tapando muchas incertidumbres que se han adquirido en función de la vida social de un país como el nuestro. El consenso de todos los intervinientes en el disfrute o negación de las pensiones y por la jurisprudencia que los distintos Tribunales de lo Social y por el Tribunal Constitucional han ido elaborando una seguridad jurídica que es la que hoy se tiene. Es decir, el consenso ha ido envuelto en esa generosidad de los ciudadanos, unas veces perdiendo y otras ganando, pero que a la postre ha existido un gran consenso en ese sistema y en lo que viene ahora con las reformas de las pensiones.
Hace unos días y tras cuatro años de negociación, dentro de los últimos diez años, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde, este pasado jueves, a las recomendaciones del Pacto de Toledo para poder poner en practica la modificación de la Ley de Seguridad Social, pues, al igual que la pandemia, a las pensiones en España les hace falta directamente una vacuna tanto económica como social para que su gestión pueda ser fructífera y no deficitaria como está ocurriendo en estos momentos.
Las principales medidas, que se basan en las veintiuna recomendaciones elaboradas por los partidos políticos para esta reforma (basadas muchas de ellas en comparecencias de profesionales como el caso de los Graduados Sociales), tienen que mitigar ese déficit estructural que próximamente vamos a consolidar en más de 18.000 millones de euros, por lo que habrá que realizar transferencias para que los futuros presupuestos generales no sólo acepten las mismas, sino que tengan el comodín para poder buscar la financiación adecuada, pues la primera recomendación que nos participa el Ministro Escrivá para poder extraer de la Seguridad Social miles de millones de euros es rebajar al 1,6% el Producto Interior Bruto que se sacaría de gasto no contributivo e impropio, sin olvidar la recuperación del IPC para revalorizar las pensiones y poder conjugar la inflación que se tenga prevista.
La longevidad de los tiempos que vivimos ha puesto hoy la jubilación en una edad media de 65 años y diez meses, pero la edad legal de retiro en el 2027 ya se señala en los 67 años, con los recortes que esto contempla y siempre con 18.000 millones de euros que en estos momentos, por la pandemia, nos está pesando. Todo este número de recomendaciones pasan por planes de ahorro complementarios para la jubilación, fondo público de pensiones colectivo para facilitar la adhesión de los trabajadores a los planes de ahorro, una jubilación flexible entre los 60 y 75 años de edad en un periodo donde el trabajador elija la prestación y, por supuesto, una penalización absoluta a las prejubilaciones, pues en estos momentos, ante el temor de la pérdida del empleo, si no se aborta la sangría que esto viene produciendo tendremos otra vez que caer en un pozo sin fondo, pues de lo contrario, como bien ha dicho la ex Ministra Magdalena Valerio, que cree que este sistema “es y debe seguir siendo un instrumento de vertebración, inclusión y cohesión que garantice la paz social y la estabilidad política”, por lo que las fusiones bancarias, los ERES de grandes multinacionales y en antojo de las prejubilaciones para eliminar plantillas tienen que ser abortadas en su totalidad.
La futura reforma de las pensiones posiblemente a corto plazo no tenga nada que ver con la recomendación del Pacto de Toledo, pues no podemos olvidar que precisamente el Estado está prestando a la Seguridad Social para la próxima paga de navidad la cuantía de 6.000 millones de euros y de llevarse a cabo esta cantidad ya el montante que se adeuda supera los 52.000 millones de euros. Por tanto, al igual que se está recomendando vacunas para la población desde el aspecto sanitario, hay que buscar una vacuna para las pensiones y flexibilizar lo máximo posible todas las cuestiones impuestas a la jubilación, con un consenso ilimitado de todos los grupos políticos para que se pueda conservar el poder adquisitivo de las mismas y buscar, dentro del periodo mínimo de cotización que se exija al respecto, la facultad de elección de los años más favorables para la base reguladora y no sólo revisar las pensiones mínimas, porque es una necesidad, sino des-topar las máximas y, por supuesto, para terminar, actualizar el resto de las prestaciones y buscar seriamente esa financiación como red principal del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar.
Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.
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María del Mar Gázquez Alcoba. Vicepresidenta de la mutualidad de procuradores
Como es habitual muy acertado y claro. Las pensiones de jubilación deben ser más restrictivas pues de lo contrario el buscar que todos la disfruten con trampas de prejubilaciones , es una ruina.
Un gran artículo, José. La reestructuración de las pensiones es algo que era totalmente necesario, sin embargo aún queda camino por recorrer. El problema de raíz sigue siendo el envejecimiento poblacional, que hace que la edad se vaya retrasando cada vez más y que el peso y problema se vaya trasladando a la población joven. Es interesante leer su análisis crítico a la par que objetivo, gracias por compartirlo. Saludos.