La justicia se ha quedado en el camino

La actual situación por la que atraviesa un servicio público como es la Justicia está pasando por una coyuntura no deseada, pues los que somos juristas de toda la vida no podíamos pensar que lo que está acaeciendo llegase a hacer tanto daño a todo el conjunto de quienes operan en el sistema judicial español.

Sin entrar en la legitimidad y derecho que tienen quienes convocan huelgas, creo que al llevar a cabo tal situación deben comprobar el efecto multiplicador de las consecuencias de la misma y que quienes se encuentran inmersos en ese circulo reciben un maltrato tan importante que la huelga o huelgas pasa a acometer tales daños imprevistos que si supieran su efecto, a lo mejor, hubiesen tomado otras medidas para no acarrear el abismo de un servicio público que es insustituible en un Estado de Derecho como es la Justicia. Han empezado los antiguos secretarios judiciales con una huelga que ha paralizado gran parte de los procesos y que llegado el momento del acuerdo, el cual al parecer tampoco es definitivo, los funcionarios como motores imprescindibles del sistema judicial, han propiciado y ejecutado otra huelga que al día de hoy está en un punto muerto, pero con un retraso judicial de características devastadoras y con soluciones poco propicias para emprender y retomar el vuelo de lo que se nos avecina y lo que es peor, lo que está ocurriendo.

Los operadores jurídicos somos aquellos profesionales del Derecho que llevamos los “clientes” a la administración de justicia. Es decir, si los abogados, graduados sociales y procuradores no defendieran o asesoraran en cada materia jurisdiccional a quienes acuden a los tribunales, ni existirían juicios, ni juzgados y, por supuesto, tampoco habría funcionarios ni juzgadores que resolviesen los litigios. Pero aquí eso no importa. Han ido cada uno por su cuenta; han hecho huelgas intermitentes o a tiempo parcial por el legitimo derecho que tienen a un mayor salario y a unas mejores condiciones de trabajo, cosa que vuelvo a repetir se comprende, pero no se entiende. Todo esto y en el punto en el que nos encontramos, el Ministerio de Justicia ha suspendido las negociaciones hasta que venga una nueva administración, pero la huelga continúa a sabiendas de que la nueva administración puede empezar a negociar sobre el mes de septiembre y mientras millones de juicios y demandas están paralizados. Y claro, quienes no pueden ponerse en huelga porque somos profesiones liberales, somos los operadores jurídicos, quienes en resumidas cuentas estamos pagando el pato de esas legitimas reivindicaciones, pero nada fructíferas por el parón que tienen ahora y lo que es peor, la falta de percepciones y de minutas de nuestros clientes y el daño al justiciable que es el que está en entredicho.

Esta situación que se conoce por primera vez en la democracia, en cuanto a la administración de Justicia, tiene un desencuentro tal que algún jurista ha dicho que es el momento para delinquir, pues juicios que no se celebran, aplazamientos indefinidos y resoluciones sin dictarse, ya sea en cualquier jurisdicción, está haciendo que muchos delincuentes se vean acogidos a la prescripción de sus presuntos actos delictivos y nunca sean juzgados, pero si eso es grave tenemos en la jurisdicción del orden social, despidos que quienes tienen que cobrar una indemnización nunca lo harán, ya que muchos empleadores desaparecerán en el transcurso procesal del pleito y por mucha menos cuantía pagarán quienes no tienen culpa de ello, como somos los españoles, a través del Fondo de Garantía Salarial, previa declaración de insolvencia y no olvidemos las prestaciones de Seguridad Social que cuando llegue la fecha del juicio muchos no sólo habrán empeorado su cuadro clínico de lesiones, sino que ya habrán fallecido y todo lo más será la viuda, si la tiene, quien cobre la prestación, sin olvidar procedimientos de impugnaciones de traslados, altas médicas o sanciones.

En definitiva, desde aquí como han hecho los Colegios profesionales antes mencionados, vuelvo a apremiar a la administración de justicia que estamos ante una cuestión de Estado porque el sistema judicial se encuentra inmóvil, con secuelas de huelgas y brotes de protestas hasta por jueces y fiscales que no tienen precedentes, lo que hace que muchos operadores estén en situación para pedir hasta el salario mínimo vital, porque sus derechos se han roto por una negligencia absoluta de todo este entramado lesivo, pues desamparar a los operadores jurídicos y maltratarlos como está ocurriendo no es serio y menos cuando afecta a uno de los pilares más importantes del Estado de Derecho como es la Justicia. Esto no ha parado porque tras estas huelgas vendrán colapsos y en la segunda escala de la Justicia como son los Tribunales Superiores o Audiencias Provinciales, se colapsaran de recursos y de nuevo el justiciable seguirá sin creer que la Justicia es justa.

Por todo y termino, como profesional del Derecho no voy a caer ni en el insulto ni en la descalificación como algunos hicieron sobre la Justicia porque yo formo parte de ella, vivo de ella y con ella y creo en ella, pero que algunos sepan que al final de mes la nómina que pagamos con nuestros impuestos les llega puntualmente y algunas huelgas a tiempo parcial son ingeniería sindical para la pancarta en la calle, pero los que sufrimos y estamos pasando momentos difíciles somos unos profesionales que nos levantamos todos los días para buscarnos el pan por cualquier lugar de la geografía y no vivimos de una nómina y tenemos que pagar, eso sí, nóminas de los miles de empleados que tenemos. Por lo tanto, pido a voces un gran Pacto por la Justicia para que a los más legitimados, entre los que estamos nosotros, se nos escuche nuestras reivindicaciones y nuestras alternativas; lo contrario es como he empezado a decir que la Justicia se ha quedado en el camino y eso sí que es grave.

 Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.