Como ciudadana comprometida con la defensa del medio ambiente, me veo en la obligación de expresar mi rotundo rechazo a la Ley de Regadíos de Doñana. Esta normativa, que pretende ampliar las zonas de regadío en la comarca, supone un ataque directo al ecosistema del Parque Natural y un claro ejemplo de cómo los intereses económicos prevalecen sobre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.
En primer lugar, esta ley pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies animales y vegetales que habitan en Doñana, muchas de ellas en peligro de extinción. La ampliación de los cultivos intensivos y la sobreexplotación de los acuíferos afectará negativamente a la biodiversidad de la zona, poniendo en peligro la supervivencia de especies como el lince ibérico o el águila imperial.
Además, la Ley de Regadíos de Doñana supone una amenaza directa para la calidad del agua de la zona, ya que la intensificación de la agricultura traerá consigo un aumento de la contaminación por pesticidas y fertilizantes. Esto no solo tendrá un impacto negativo en el ecosistema, sino que también pondrá en riesgo la salud de las personas que habitan en la zona.
Es importante destacar que la economía de la comarca no depende exclusivamente de la agricultura intensiva, sino que existen otras actividades económicas compatibles con la conservación del medio ambiente, como el turismo sostenible o la agricultura ecológica. Por tanto, no es necesario sacrificar el medio ambiente en aras del crecimiento económico.
En conclusión, la Ley de Regadíos de Doñana es una normativa que atenta contra la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Es necesario tomar medidas para garantizar la conservación de este valioso ecosistema y promover un modelo económico sostenible que sea respetuoso con la naturaleza y la vida de las personas. Como sociedad, debemos priorizar la protección del medio ambiente y el bienestar de las generaciones futuras sobre los intereses económicos a corto plazo.