Las administraciones públicas, las más denunciadas para la cesión ilegal de trabajadores

El mundo del trabajo siempre fue complejo en las relaciones contractuales del empleador y el empleado. De hecho, desde que en 1980 se publica el Estatuto de los Trabajadores, ya traía muchas complejidades que en años precedentes y desde la Ley de Contrato de Trabajo hubo que ir limando con las distintas reformas que hasta nuestros días se han ido y se irán produciendo. Es cierto que la actual normativa sobre relaciones laborales, basadas principalmente, en el vigente Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como en los convenios colectivos han dado mucho juego para que muchas relaciones contractuales se hayan derivado en fraude de ley y, para ello, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como decenas de sentencia de los tribunales unipersonales y colegiados, han incidido en aclarar cuanto el legislador ha ido volcando en dichas normas.

Es frecuente que las administraciones públicas cometan a veces el error y en algunas, de forma intencionada, de contratar a trabajadores por una vía de la subcontrata o de las ETTs, sin olvidar la manera o forma en la que a muchos becarios también se les llama, derivando en muchas ocasiones en situaciones ilícitas, lo que al final, para mayor seguridad en el empleo de los trabajadores, éstos inician los diferentes procesos judiciales para pasar a la empresa principal con el verdadero salario y el verdadero convenio colectivo que les corresponde.

En estos momentos, donde la inseguridad en el trabajo es alarmante, porque el actual mercado de trabajo es débil y no estable, las empresas privadas que suelen tener adjudicados contratos para la ejecución de unos servicios dentro de la administración, terminan entregando sus propios trabajadores con menores salarios y sin regular esa relación por parte de quien lo contrató en manos de funcionarios o personal laboral de muchas administraciones. En primer lugar porque proceden de un contrato adjudicado, pero sin seguimiento y, en segundo, porque el trabajador que ha sido “cedido” lleva a cabo todas las funciones que no le corresponden o, al menos, no recibe las instrucciones de quien tiene que dárselas y se convierte de hecho en un funcionario más por hacer las funciones de éstos. Y todo, porque los pliegos de prescripciones técnicas aun cuando determinen quienes ejecutan las obras o servicios, al final, caen en manos de los más débiles que son esos trabajadores que pertenecen a la empresa subcontratada o adjudicataria del servicio, pues éstos se someten al poder de la dirección principal y nunca reciben órdenes, por mucho que lo disimulan, de quien es su empresa, porque en definitiva quien tiene adjudicado dicho contrato, cobra, presta a los trabajadores y es la administracion en su conjunto quien los dirige y mueve a su criterio y sin controlar el correspondiente pliego para la que fue sometida. Es decir, que el gran caballo de batalla se centra en determinar quién es el que verdaderamente ejerce como empresario y aquí es donde la jurisprudencia posee la verdadera determinación para distinguir cómo está de descentralizado un trabajo, de qué manera se distingue el trabajador de la empresa principal y el de la subcontrata, pues aunque no exista prohibición para recurrir a la subcontratación externa para integrar su unidad productiva, como lo determina el artículo. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, quien administra no establece los límites de donde empieza un trabajador propio y dónde comienza una cesión ilegal de la subcontrata y ahí está el nudo gordiano del “empresario efectivo”.

En definitiva, para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores, la jurisprudencia ha sido prolija y enumero entre otras las Sentencias del Tribunal Supremo, de 27-10-94 y 17-12-01, sin olvidar la del 21-01-94 y la del 12-12-97, donde se determina quién carece de facultades y poderes sobre los medios patrimoniales y quién es un trabajador cedido y no olvidemos tampoco quién compagina la condición de empresario cuando no tiene capacidad de dirección, como también la jurisprudencia lo ha sentenciado.

Por tanto, el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores tiene interpretaciones complejas y realmente el poder de dirección no está de forma férrea controlado y el sustituto del empresario formal viene a tener que absorber a esos trabajadores cedidos, por lo que hoy en nuestros tribunales laborales, la figura de la cesión ilegal de trabajadores es altamente conflictiva y, si bien, se da en muchas empresas de cualquier ámbito, aún con más frecuencia se viene dando en las administraciones públicas por la falta de control y de seguimiento que los propios funcionarios hacen de los contratos adjudicados y de sus condiciones técnicas y laborales.

En definitiva, cuando se condena a una administración o empresa principal a tener que pasar por esa cesión ilegal, se debería legislar quiénes son físicamente los responsables de dichas actuaciones, porque actuar bajo el manto de una mercantil o una administracion, hace que intencionadamente muchos promuevan el aumento de las plantillas por una vía que nunca debió producirse.

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.

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Una respuesta a “Las administraciones públicas, las más denunciadas para la cesión ilegal de trabajadores”

  1. Es cierto, muchos trabajadores son preparados por los funcionarios que ya están dentro de las administraciones para incurrir en esa cesión ilegal de trabajadores y luego les hacen la cama. Lo que habría que hacer es penalizar e investigar porque y quienes llevan a cabo este delito programado, en otros muchos casos es cierta esa cesión que es delito social,

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